Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana

Por Amanda Hidalgo Astudillo

Durante los últimos meses han surgido varias posturas entre quienes sostienen eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o restarle facultades. Lo cierto es que el pasado 2 de agosto, la Corte Constitucional dictaminó que el procedimiento para reformar la Constitución y eliminar a este engendro antidemocrático, será la reforma parcial -cuyo procedimiento está establecido en el artículo 442.

¿Y por qué un engendro? EL CPCCS, sin perjuicio de quienes lo integran y la forma en que fue integrado, tiene 10 años de currículo sobresaliente en demostrar que ha sido el brazo que permitió articular la corrupción. Nunca fue fiel a la intención de integrar a la ciudadanía y que, al contrario, la burocratizó . La designación de las autoridades de control fue la clave para que se consolidara la estructura sistemática de corrupción más fuerte de la última década.

Algunos analistas sostienen que en la actualidad el CPCCS es elegido “democráticamente”, por el pueblo a través de las urnas, lo cierto es que esta elección fue bastante sui generis, en su forma y en su fondo. Hay varios motivos por los cuales se puede descalificar su naturaleza democrática, es decir, no porque nos permiten rayar una papeleta, significa que ese ejercicio garantiza representatividad y legitimidad de la voluntad del ciudadano. Por citar un ejemplo, a pocos días de la elección, ni siquiera el mismo Consejo Nacional Electoral lograba un consenso sobre la manera de computar la votación, no digamos el estado de conocimiento de los votantes sobre los candidatos.

El Consejo de Participación ciudadana nunca fue del pueblo, nunca fue de la gente, por eso la mayoría de ecuatorianos desconocían sus facultades, su naturaleza y su misión. ¿Cómo íbamos a elegirlos en un ambiente de desinformación total?

Propuestas para su desaparición hay varias: una consulta popular o la reducción de sus competencias, la eliminación y retorno de la potestad de nombramiento al Legislativo, el restablecimiento de la bicameralidad (que existió hasta el 70) y que el Senado sea quien nombre a las autoridades de control, lo de fondo: la desaparición de este adefesio jurídico inventado en Montecristi.

La reforma parcial que concluyó la Corte Constitucional, a criterio personal, es la vía más loable y solicitada por la ciudadanía con al menos el 1% del padrón electoral. O puede realizarse mediante resolución en la Asamblea, tramitada en dos debates en 90 días, y que, una vez aprobado, convoque a un referéndum dentro de los 45 días posteriores. Es el pueblo quien debe decidir su destino, y siempre podrá cambiarlo porque mientras no signifique una restricción de derechos, no se le puede negar al pueblo su potestad de construir su propio rumbo.


Más sobre la autora:

Amanda Hidalgo, Economista ESPOL, maestranda de Investigacion en Sociologia Politica FLACSO, Asesora en Asamblea Nacional del Ecuador.

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