Han pasado más de tres meses desde que el Presidente Lenín Moreno retiró las funciones al Vicepresidente de la República, Jorge Glas. Desde entonces, ha sido un vaivén entre las Cortes de la República, Instituciones de Control y demás Funciones del Estado. Son varios los frentes que se han abierto contra el ex Ministro de Sectores Estratégicos y otrora hombre fuerte del aparato correísta. En esta encrucijada política y jurídica, es el ciudadano medianamente preocupado por el acontecer nacional quien se ve enredado en una maraña de procesos distintos unos, y análogos otros. Siendo así, y que varios de estos procesos esperan un pronto y más o menos doloroso desenlace,  es momento de resumir la situación del Vicepresidente a modo de hoja de ruta, y establecer como debería acabar esta historia; o más bien, cual será el dominó que haga que los demás caigan, a través de una inspección jurídica. A continuación, se examinará el caso penal de Glas ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita; luego, la carta que haya jugado la Contraloría General del Estado (CGE); y finalmente, se analizará el juego político en el interior de la Asamblea Nacional (AN) donde las fichas de Alianza País son clave.

Proceso ante la Corte Nacional de Justicia

Como es sabido, todo se circunscribe al caso Odebrecht: una serie de irregularidades en la asignación de contratos de obra pública, que van desde aportes ilegales a campañas electorales, hasta corrupción dentro de las esferas más altas de toma de decisión del Estado ecuatoriano. El primer punto en la cronología de la fase inicial del caso es la vinculación de Glas en el proceso, por una confesión del delator de Odebrecht, José Santos. Posteriormente, el 29 de agosto el juez de la CNJ acepta el pedido del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno y vincula judicialmente a Glas, prohibiendo su salida del país. A lo largo del mes de septiembre, en el marco de las diligencias previas del proceso, se dan las versiones del delator de la empresa, de Ricardo Rivera, y versiones voluntarias de Jorge Glas. Esta primera parte finaliza con una discutida orden de prisión preventiva contra el Vicepresidente. Discutida, puesto que, como anota el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 534, numeral 3, es necesario que existan indicios claros de que la medida es necesaria para asegurar la presencia del procesado en el juicio. Es importante destacar que en el Ecuador existe una arraigada tradición de los jueces por dictar esta medida preventiva en gran parte de los casos, pero debemos tener por seguro, que el Fiscal General del Estado no se arriesgaría solicitar esta medida sin tener los elementos probatorios suficientes, y menos, un Juez Nacional a ordenarla en contra de un Vicepresidente. Todo esto seguramente porque también existe una arraigada tradición de mandatarios exiliados en Centroamérica.

Con un Vicepresidente ya privado de libertad, el 14 de noviembre, luego de las diligencias preparatorias, el Juez Jurado acepta el dictamen acusatorio de la Fiscalía y llama a juicio al Vicepresidente. Desde la perspectiva procesal, el llamado a juicio es la casi total certeza de que el procesado es culpable del delito imputado. Nuevamente, un magistrado de la más alta judicatura del Estado no va a tener la tamaña irresponsabilidad de pasar a la fase de juicio al segundo mandatario, y enviarlo ya no a la cárcel 4, sino probablemente a Latacunga, donde Glas puede purgar una pena de hasta cinco años.

Es hasta este punto, que todo aquel que haya cuestionado en algún momento a este protagonista de la política nacional en los últimos años, puede estar satisfecho con la actuación del aparato de justicia. No obstante, es menester recordar de que delito estamos hablando:

Artículo 370.- Asociación Ilícita.-

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La controversia radica en que este es un tipo penal con una sanción baja en comparación a otros, y exime la posibilidad de que Glas sea juzgado por delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o peculado (delitos imprescriptibles). A pesar de esto, hay que anotar que el texto del artículo establece que el fin de la asociación ilícita es “cometer delitos”, ¿qué delitos? Esa es una pregunta que seguramente se responderá en la etapa de juicio, y puede abrir una nueva investigación por uno de los cuatro citados tipos penales. No obstante, para la defensa de Glas puede resultar más fácil defenderse en este caso, aduciendo la existencia de un doble juzgamiento, lo que bien puede ser aceptado por las cortes nacionales. El resultado final entonces sería, en el “mejor de los casos”, que el Vicepresidente pase máximo cinco años tras las rejas.

Proceso ante la Contraloría General del Estado

La segunda avalancha en contra de Jorge Glas se desató públicamente el 27 de octubre, cuando la CGE emitió una notificación de responsabilidad culposa respecto a la adjudicación del campo petrolero denominado Singue, en la provincia de Sucumbíos. Si bien esta notificación es reciente, el proceso ha sido largo, y los informes, no menos largos. De hecho, para el 3 de agosto, el informe DASE-0045-2017 ya determina que al momento de adjudicar este campo, la empresa favorecida no demostró la capacidad operativa requerida luego de una negociación no lo suficientemente prolija. Este informe establece indicios de responsabilidad penal del delito de peculado sobre una veintena de funcionarios, incluido Glas. Pasó entonces el tiempo requerido para que el imputado por este acto administrativo presente pruebas de descargo contra la acusación presentada, y la CGE procedió con resolver la destitución del Vicepresidente.

Ahora bien, el imaginario público intuyó inmediatamente que el Vicepresidente sería destituido, pero esa no es una función de la Contraloría como bien señaló el Contralor Subrogante Pablo Celi. La potestad de destituir al Vicepresidente, como se analizará más adelante, recae en la autoridad que lo posesionó: la Asamblea Nacional. Hasta este punto, nos hemos movido en el plano puramente político. Lo que el pueblo ecuatoriano debe esperar y exigir, es que este informe de Contraloría sea tomado en cuenta por la Fiscalía General del Estado y se inicie un nuevo proceso por supuesto peculado en contra de Glas. De igual manera, como sucede en el caso Odebrecht, será la justicia la que vaya desenmarañando las minucias sobre la responsabilidad en este caso.

Si es que no sucede esta circunstancia, debemos tener por seguro que la Fiscalía no está actuando de una manera objetiva en torno a los casos del Vicepresidente. Y es que no se trata de hundir a una persona, sino de esclarecer su vinculación con el supuesto cometimiento de delitos. De hecho, es una situación en la que no debemos hilar fino puesto que el silogismo es por demás sencillo: hay un informe de indicios de responsabilidad penal por un supuesto peculado, por lo que la Fiscalía debe ser prolija en investigarlo a fondo. Con esto, es posible que Glas no se vea privado de libertad solo 5 años, sino por más tiempo.

Proceso ante la Asamblea Nacional

Lo descrito hasta ahora es un modelo de “deber ser” en el plano de la justicia. Ahora, es momento de analizar el futuro político de Glas, en una suma de condiciones ideales, actuando al amparo de las leyes de la República. Y es que tanto Odebrecht como Singue han encendido los motores del ya famoso juicio político en contra del vicepresidente. Primero, tenemos un fallido intento de juicio a mediados de julio. En este proceso, la intentona de los asambleístas de oposición se estrelló contra un Consejo de Administración Legislativa que desestimó las pruebas presentadas, y bloqueó el juicio. En efecto, el juicio fue impedido por asuntos probatorios: no se aceptaron “recortes de periódico” como prueba de alguno de los delitos contra la Administración Pública. Pero en todo caso, para iniciar el juicio en la Asamblea, se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional, según manda el artículo 129 de la Constitución; y es la instancia en la que debería proceder la valoración de la prueba presentada.

En todo caso, la vinculación en el caso Singue, y el llamamiento a juicio por parte de la CNJ han abierto la puerta para un nuevo intento de juicio político. Otra vez, el silogismo es sencillo: si existe un indicio de responsabilidad penal por parte de la CGE, y un Juez Nacional ha llamado a juicio al Vicepresidente (aunque sea por otro delito) entonces es claro que el CAL debería proceder a que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca el caso y determine o no la destitución del funcionario. Es importante recordar que el mismo artículo 129 establece que no es necesario un enjuiciamiento penal previo para proceder con el juicio político, por lo que es irrelevante que ya la Corte haya determinado o no el cometimiento de uno de los delitos contra la Adminsitración Pública. Más aún, cuando el solo informe de Contraloría debe ser prueba suficiente.

Al final del día, la nueva solicitud de juicio político sigue estancada, lo cual trae ventajas y desventajas a la oposición. En primer lugar, una demora larga puede dar lugar a que la situación interna en Alianza País termine de fragmentarse y se reúnan los votos necesarios. Además, Rafael Correa plantea regresar en los próximos días, lo que puede descomponer el tablero y el equilibrio fáctico de fuerzas en las instituciones del Estado. Así, parece que a la oposición le conviene apresurar el proceso, e iniciar con el juicio político lo antes posible. En todo caso, el futuro de Glas parece que se decidirá por estos movimientos políticos, obedientes a quién sabe que intereses, de un lado, o del otro.

Para concluir, cabe mencionar que es perjudicial para nuestro Estado de Derecho que las más importantes decisiones jurídicas y políticas dependan de situaciones fácticas como los cambios de bando repentinos, o el regreso de un expresidente. Si el sistema funcionara como esperamos, esto debería ser irrelevante: la CNJ debe seguir su procedimiento, tanto como el CAL debe admitir a trámite el juicio político. Estos procesos han sido acusados de ser una forma de “judicializar la política”, pero hay que decirlo claro: es mejor una política supeditada a las Cortes, que una justicia servil a las oficinas de los partidos. Preferible a la “politización de la justicia”. Y es que todo se mueve entre normas e instituciones, más o menos claras las leyes, más o menos independientes los poderes. Lo importante, es que los actores envueltos en el Caso Glas, permitan que el proceso fluya como debe, por justicia, y sanidad pública. Estamos en un momento histórico, en que las altas funciones del Estado pueden sentar un precedente de independencia, y objetividad en la lucha contra la corrupción. Y aun si estas instituciones no actúan conforme a las normas, y obedecen las presiones fácticas, todavía la historia las juzgará, no sea por dolo, sea por negligencia.


Referencias

Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento N. 180 del 10 de febrero de 2014.


Autor:

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Jhossueth Almeida Villacís, estudiante de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.

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